Estamos convencidos de que esta lucha es legitima y que los guatemaltecos honrados nos acompaña. Hoy tenemos una propuesta que fortalece las iniciativas que presentamos para lucha en contra de la corrupción.
Necesitamos que el pueblo presione.
- Movimiento Nueva Republica
- Frente Amplio
- Diputado Anibal Garcia
Artículo Siglo XXI 12/4/2011
Presionan por tipificar enriquecimiento ilícito
La CICIG, Estados Unidos, el MP y la sociedad civil piden aprobar ley anticorrupción.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland; la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso que apruebe la ley contra el enriquecimiento ilícito, la cual tiene dictamen favorable desde diciembre de 2008.
“La CICIG considera que para enfrentar la impunidad en Guatemala es crucial la reforma al Código Penal para incorporar nuevos tipos penales”, incluido el delito de enriquecimiento ilícito, indicó el comisionado Francisco Dall’Anese al participar en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso, presidida por el diputado Oliverio García Rodas.
El legislador retomó la discusión de dicha normativa, que ahora podría denominarse ley contra la corrupción, la cual estaba engavetada desde hace más de dos años.
McFarland consideró que la aprobación de dicha ley “sería un tremendo mensaje” para la comunidad internacional, al mostrar “que Guatemala está haciendo lo posible por proteger sus recursos”.
El proyecto de ley que se está “desempolvando” no sólo tipifica el enriquecimiento ilícito, el cual se sanciona hasta con 10 años de prisión y el decomiso de los bienes o beneficios adquiridos ilegalmente. También se crean los delitos de testaferrato, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias, entre otros (vea: Nuevos delitos).
Dall’Anese resaltó que además de aprobar esta normativa, el Legislativo tendría que priorizar las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) y la creación de la policía de investigación criminal. “Creo que la responsabilidad histórica del Congreso le haría ganarse un lugar de estima en la mente de los guatemaltecos en la medida que se puedan aprobar leyes de esta envergadura”, señaló el jefe de la CICIG.
Paz y Paz expuso que actualmente la legislación aplicable para perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos “es insuficiente”, por lo que la nueva ley sería una nueva herramienta para los investigadores. La jefa del MP también resaltó la importancia de tipificar delitos para los funcionarios judiciales, tales como la obstaculización de la acción penal, la denegación y el retardo de justicia (lea: Preparan reglamento).
Bancadas apoyarán
Los bloques legislativos representados en la citada mesa manifestaron su respaldo a la aprobación de la iniciativa. Así lo expresaron diputados del Partido Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Líder), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Unionista (PU).
Ante el ofrecimiento de los legisladores, Dall’Anese expresó: “Debemos ver la buena fe y que la palabra emitida hoy se va a honrar”.
Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, destacó la importancia de que los diputados aprueben dicha normativa lo antes posible. “Es un momento político fundamental”, indicó, en alusión a la cercanía de las elecciones.
Según Asturias, la decisión de los diputados de aprobar la ley demostrará a la población “si es cierto que están contra la corrupción o, por el contrario, son parte de ella”.
Artículo El Periodico 12/4/2011
A discusión en Congreso proyecto de Ley de Enriquecimiento Ilícito
Bancadas representadas en el Organismo Legislativo comprometieron su apoyo para que dicha iniciativa sea aprobada.
Enrique García
La Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República (CR), junto con la Vicepresidencia de la República, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y grupos organizados de la sociedad civil escucharon ayer la propuesta final de los tres dictámenes favorables que dio la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales al proyecto de Ley de “Enriquecimiento Ilícito”, engavetada desde el 2008.
El contenido de los tres proyectos contempla la creación del tipo penal de enriquecimiento ilícito, incorpora un artículo específico para la inhabilitar a quien incurra en ellos para el desempeño de un cargo público, así como la penalización de cobro ilegal de comisiones.
Lo que mostró asombro entre los participantes es que ahora la propuesta abarcará un círculo más amplio, incluso cambiará de nombre para llamarse “Ley Anticorrupción”, la cual abarcará, además de trabajadores públicos, empresarios y ONG que administren fondos del Estado.
Para el Comisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, este es uno de los tres proyectos que el Estado de Guatemala debe aprobar. “Enriquecimiento Ilícito, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la aprobación para la Policía de Investigación”, son según el comisionado propuestas que deberían entrar en la agenda legislativa, sin importar su orden, puntualizó.
Stephen Mcfarland, embajador de Estados Unidos, explicó que la aprobación del proyecto evidenciaría un paso importante en materia de la lucha contra la impunidad, añadió que sería un mensaje fuerte no solo para EE.UU., sino además para otros países que cooperan con el país.
“Extirpar al funcionario que se enriquece ilícitamente, además a los empresarios y las ONG” es una buena medida, declaró Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala. Y añadió que son “puntos clave” en la iniciativa para crear todos los tipos penales para combatir la corrupción.
Bancadas mayoritarias dan el “si”
Las bancadas del Partido Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Lider) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se comprometieron para dar luz verde al proyecto que llegará a su discusión final el próximo 27 de abril en la mesa, antes de que llegue al pleno.
Asturias expresó que este es un momento coyuntural, en el cual la población valorará por parte de sus candidatos que se aprueben dos temas enfocados a combatir la corrupción y dar seguridad.
El vicepresidente Rafael Espada manifestó su apoyo al proyecto estudiado. Aclaró que esta iniciativa sería un complemento a la Ley de Extinción de Dominio. Calificó la “Ley Anticorrupción“, como una iniciativa que previene y crea condiciones para investigar al crimen organizado, narcotráfico e ilícitos cometidos dentro del Estado, y no sería una “persecución política”, como se quiere entender, concluyó.
